A propósito de la «legislatura del rural» — Omnivoraz

A propósito de la «legislatura del rural»

Una opinión de Alarico de Roque, ganadero.

Hace cuatro años que Alberto Núñez Feijoo ganó por mayoría las elecciones al Gobierno autonómico gallego. Pese a que este sería su tercer mandato consecutivo al frente de la Xunta de Galicia, institución que define un ayuntamiento rural como «aquel que no cuenta con ninguna zona densamente poblada a nivel de parroquia, según la clasificación publicada por el Instituto Galego de Estatística» —IGE, 2016—, y que excluye de esta consideración a tan solo 13 de los 313 municipios que componen la comunidad, no fue hasta aquel momento cuando el reelegido presidente anunció a bombo y platillo que el período que ahora termina sería la «legislatura del rural».

Un anuncio que surgía, en parte, por la necesidad histórica del compromiso de los políticos con el medio rural gallego y, en parte, por la profunda crisis que estábamos atravesando en la mayoría de los sectores productivos de esta tierra. Por supuesto, tuvo un buen recibimiento en el campo, pues al menos hablaban de nosotros, de sus habitantes y trabajadores, que ya era más de lo que se había hecho hasta entonces. Pero ¿realmente se avanzó algo en la dirección correcta durante estos cuatro años o se quedó todo en palabrería? He aquí los hechos consumados. Saquen ustedes sus propias conclusiones.

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La primera buena noticia de aquel arranque fue que una lluvia de millones procedentes de la Política Agraria Común —PAC— caería sobre los agricultores y los ganaderos. Conviene aclarar que esta no es una inversión de la Xunta de Galicia, sino que el dinero proviene de la Unión Europea —UE—, a la que España contribuye. Teóricamente, dicha subvención va destinada única y exclusivamente a aquellas granjas y explotaciones agrícolas que cumplen lo que Europa ha denominado «condicionalidad», o lo que es lo mismo, una serie de normas respetuosas con el medio ambiente y garantes de la sanidad y la salubridad de los alimentos que se producen en el campo. Según la misma teoría, la Xunta es la encargada de vigilar su cumplimiento y, de hecho, en los últimos cuatro años nuestra granja ha pasado por tres inspecciones, en las que cumplimos con creces las normas establecidas. Sin embargo, en la práctica —el reparto de los fondos— la cosa cambia, y el Gobierno autonómico ha adjudicado grandes cantidades de dinero a empresas agroalimentarias que basan su trabajo en la transformación, no en la producción, lo cual no es ético, pero parece ser que es legal. El problema se presenta cuando alguna de ellas no cumple su «condicionalidad» y, lejos de respetar el medio ambiente, lo contaminan de tal manera que se quejan hasta en Portugal, aunque siguen cobrando sus ingentes cuantías en subvenciones. Mientras tanto, la misma Xunta decide que los viticultores de la Ribeira Sacra no tienen derecho a cobrar la PAC —un caso entre muchos—, o permite que determinados ayuntamientos reciban unos ingresos por este concepto bastante superiores a los de la media de los labradores gallegos —datos de dominio público—. Una vez que queda claro que ese dinero no sale de las arcas de la Xunta de Galicia, sino de Bruselas, y que la Administración gallega es la encargada de repartir e inspeccionar, juzguen ustedes si el trabajo por el que se supone que cobran está bien realizado o no.

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La realidad es que, miremos en la dirección que miremos, nos encontraremos con las quejas vecinales por los cierres de escuelas y/o de servicios sanitarios.

Otro de los pilares por el que se iban a dejar las entrañas trabajando en esta legislatura era el que sostiene los servicios públicos de las áreas rurales. La realidad es que, miremos en la dirección que miremos, nos encontraremos con las quejas vecinales por los cierres de escuelas y/o de servicios sanitarios, por el recorte de médicos, por la baja inversión en la mayoría de los colegios y centros de salud que aún continúan abiertos, y un largo etcétera. Pero el colmo de los colmos llegó a finales de 2019, cuando se anunció el cierre del paritorio del hospital de Verín —Ourense—. Y no sería el primer servicio que verían desaparecer, pues hasta esa fecha ya se habían quedado sin medicina interna, paliativos, urgencias pediátricas, dermatología y bloque quirúrgico. Teniendo en cuenta que este centro hospitalario da cobertura sanitaria a una gran parte del territorio provincial ourensano y que, sin él, todos los habitantes del entorno tendrían que desplazarse largas distancias —en algún caso más de dos horas por carretera— para tener una buena atención médica, aquella decisión fue un torpedo en la débil línea de flotación de una zona con muy baja densidad de población. De haberse llevado a término, el cierre del paritorio habría sido, con toda seguridad, la estocada final que propiciaría el abandono total de una rica zona rural. Por suerte, en esa ocasión la movilización ciudadana ante semejante injusticia y abuso fue tan grande que la Administración se vio obligada a dar marcha atrás y mantenerlo abierto.

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Pero las protestas y reclamaciones no surten efecto en todos los lugares. En nuestro ayuntamiento disponemos de un pediatra intermitentemente: hoy sí, mañana no. La excusa para que esto sea así es la misma con la que se argumenta cualquier escasez de servicios en las áreas rurales: hay poca población. Sin embargo, por común, no es más válida, y menos en este caso, ya que la cartilla de niñas y niños de este municipio es exactamente la misma que la de un pediatra de cualquier centro médico de Santiago de Compostela. Como decía al principio, hechos consumados y, por desgracia, muchos de ellos sufridos en carne propia. Este es un punto que merece ser tomado con seriedad. Los recortes aplicados a la sanidad pública no solo contribuyen directamente al abandono del medio rural, sino que, como bien ha destapado la pandemia de COVID-19, lo peligroso de esta política de recorte y privatización es que la población de estas zonas se expone a las consecuencias de la aglomeración de las ciudades, cuando por su dispersión, si dispusiese de un buen servicio sanitario, no debería haber sufrido más que unos mínimos coletazos del azote de este coronavirus. El campo padece los inconvenientes urbanos sin disfrutar de ninguna de sus ventajas —a las que tendría el mismo derecho—. Así, este desmantelamiento progresivo nos ha llevado a depender de las pruebas y las urgencias hospitalarias que se llevan a cabo en las grandes áreas sanitarias y, por si eso fuera poco, a compartir médicos con varios ambulatorios de distintos ayuntamientos. Una gestión que no es más que una buena manera de expandir esta enfermedad por un territorio al que podría no haber llegado.

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¿Existe realmente un plan para la repoblación del rural? Porque parece que la intención es derivar a la población a los grandes núcleos urbanos.

Este también sería el cuatrienio en el que los jóvenes volverían o se quedarían en el agro. Para ello, la Xunta de Galicia proveería de tantas facilidades y de tanta financiación que para cualquier chica o chico sería irresistible no iniciarse en la actividad agraria —que muchos habrán mamado desde pequeños—. Aquí los datos son irrebatibles. Cojamos como ejemplo un sector representativo de esta comunidad como es el ganadero lácteo: en 2016 había 9100 granjas lecheras en Galicia, de las que solo quedaban 7500 a principios de 2019, y todo indica que cerraremos 2020 por debajo de las 7000. En términos porcentuales, en los últimos cuatro años cerraron definitivamente el 25% de las granjas que había al comienzo de la «legislatura del rural». Parece ser que, al final, los jóvenes ni volvieron ni se quedaron para trabajar en la producción láctea. Aunque el resto de los sectores rurales no arrojan datos tan duros, sin duda son preocupantes.

En 2016 también se nos dijo que la tecnología llegaría a todos los puntos del territorio rural gallego. Pues yo sigo teniendo los mismos problemas de cobertura de datos que por aquel entonces, aunque ahora pago más… Pero este no es un problema propio. Mientras que los pocos valientes que se atreven a modernizar sus granjas o sus producciones ven cómo adquieren deudas para quince años, además sienten cómo la tecnología no los acompaña, puesto que la falta de una buena red de conexiones implica unos gastos de mantenimiento de sus inversiones muy superiores a los de otros lugares de España. Sin estos medios, que, aún por encima, actualmente son imprescindibles para realizar cualquier trámite administrativo, también es complicado que los profesionales de sectores no relacionados con la producción agraria se asienten en el rural. ¿Cómo van a desarrollar su actividad, relacionarse o mantener la moderna educación de sus hijos sin una conexión móvil y de internet de calidad? ¿Existe realmente un plan para la repoblación del rural? Porque parece que la intención es derivar a la población a los grandes núcleos urbanos, y ya les anticipo que allí no va a haber sitio ni trabajo para todos.

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La política territorial está más orientada a poblar las parcelas con árboles de crecimiento rápido que a favorecer a los sectores productivos y respetuosos con el medio.

Para terminar, quizás una de las mayores promesas fue aquella en la que se nos habló de mantener la superficie agraria y primar la forestación respetuosa con el medio ambiente, a la par que productiva. En cambio, creo que no les descubro nada nuevo si les digo que el eucalipto ha ganado terreno a pasos agigantados, hasta ocupar un 10% de la superficie total de Galicia. Así, mientras que aquí esas plantaciones nos llevan a perder tierra para uso agrario, al que actualmente se destina alrededor del 25% de la superficie, en países como Francia o Alemania alcanza el 50%. Este dato pone en evidencia la política territorial llevada a cabo en la comunidad gallega, más orientada a poblar las parcelas con árboles de crecimiento rápido que a favorecer a los sectores productivos y respetuosos con el medio. Si en las últimas décadas se ha perdido un 20% de superficie agraria útil —SAU—, cabe pensar que esa reducción se ha incrementado en los últimos cuatro años, pues somos testigos de cómo se plantan eucaliptos en donde antes había praderas. Tampoco debemos olvidar que el eucalipto es un árbol que está sobradamente demostrado lo perjudicial que, por desgracia, puede llegar a ser en un momento de olas de calor extremo —a las que contribuye por su modo de desarrollarse y de erosionar el suelo—. Sin embargo, además de provocar un aumento en los presupuestos contra incendios, ha supuesto que el gasto para extinguirlos sea tan alto para la Administración que, si a usted se le está quemando su casa o su robledal y no tiene un seguro privado que lo cubra, se verá obligado a pagar la mitad del coste del despliegue de nuestros bomberos «públicos». Y todo esto en beneficio de las multinacionales que consumen la madera de los eucaliptos. Siempre hay un beneficiario, aunque nunca sea el mismo que asume los gastos.

Lo cierto es que todos estos hechos individualmente son problemas importantes, pero si los observamos en perspectiva, globalmente —como se debe mirar para poder entender el mapa de una ciudad en su conjunto, y no una sola calle—, dejan de serlo para constituirse como un modo de hacer política en el rural. A pesar de ser difícil, cada problema tiene siempre una solución, salvo que se prefieran sus consecuencias. A la vista está que estos, más que solucionarlos, se procuró agravarlos. El presidente sabrá los motivos.

En cuatro años la memoria diluye los recuerdos. Espero haber refrescado un poco la suya y, huyendo de las especulaciones, haberles aclarado las consecuencias de la supuesta «legislatura del rural». Concluyan ahora ustedes si este ha sido el cuatrienio en el que el medio rural gallego ha recibido o no el empujón definitivo… y en qué dirección.

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